Queridos diocesanos:

Espero que este comentario sobre un tema tan dramático como es el de los abusos a menores en nuestra sociedad no sea sólo recurrente y cansino por la cantidad de veces que lo habéis visto en los medios de comunicación social. Me siento obligado a dar mi opinión porque los datos que nos ofrecen los informes y los estudios de encargo ponen el foco de atención únicamente en la Iglesia. Casi siempre en negativo, como si fuera la única institución portadora de esta lacra y la única necesitada de investigación. Seguramente la mía es una opinión interesada porque es una parte del dilema en defensa o en acusación permanente. Siendo esto verdad y sin ser una mera justificación mi postura ante el tema, me considero obligado a responder ante vosotros como responsable diocesano que desea cumplir con la voluntad del Señor para orientar, escuchar y acompañar a todo el Pueblo de Dios que vive en Lleida, responder ante la opinión pública y a los interesados en esta cuestión.

Sobre este tema he escrito dos comentarios en domingos de años anteriores lamentando y condenando lo ocurrido en el pasado, poniendo medios de prevención en nuestra comunidad católica y pidiendo perdón por el daño causado a las víctimas de este pecado que se convierte en delito siguiendo el ordenamiento jurídico civil. Es el camino que ha recorrido durante los últimos años la Iglesia católica, empezando por el Papa, con muchos documentos emitidos (orientaciones, encuentros personales y de grupos, cambios en el Código de Derecho Canónico, llamadas de atención…) continuando por las Conferencias Episcopales de los distintos países y de los responsables de las congregaciones religiosas, hasta llegar a las decisiones tomadas por cada obispo en su respectiva diócesis. Parece que todo ello no es bastante. Aunque a algunos les pueda parecer que todo lo hemos hecho mal, es injusto predeterminar que en el futuro siempre será así.  Muchos de nosotros callamos para no entrar en una defensa numantina de las personas acusadas y de la institución eclesiástica, ya que confiamos en la justicia civil y en la canónica, ni para acusar a otros individuos o asociaciones afectados por escándalos similares.

Reconociendo que un solo caso es motivo de alarma y reparación para pedir perdón, no vamos a entrar en el aspecto cuantitativo como se ha hecho en la presentación del Informe del Defensor del Pueblo durante el mes pasado. Las cifras se convierten en acusaciones, sospechas, ocultación y encubrimiento para todos los católicos, sobre todo para sacerdotes, religiosos y obispos. Y ante ello tendremos que reclamar mesura. La inmensa mayoría de los sacerdotes y religiosos han actuado correctamente y han dado su vida por sus hermanos; la inmensa mayoría de obispos y responsables provinciales, lo mismo. Es injusto y muy doloroso que cualquiera de ellos pueda ser acusado de abusador por cualquier calle al reconocerse su estado clerical.

He remitido a los responsables de nuestras comunidades algunas réplicas y correcciones al mencionado Informe. Termino el comentario con una breve referencia al comunicado (6 de noviembre) del Foro de Laicos -ruego su lectura-, resumiendo los cinco puntos de que consta: 1.- Tolerancia cero ante esta “peste”. 2.- Cercanía a todas las víctimas de abusos y unirnos a la petición de perdón. 3.- Reconocer que hay otro tipo de abusos. 4.- Reiterar agradecimiento y cercanía a los miles de sacerdotes, de religiosos y agentes de pastoral; duele que el mal uso de los datos extrapolados pueda empañar la tarea generosa de tantos. 5.- Manifestar apoyo a las medidas que los distintos ámbitos eclesiales vienen tomando para trabajar en “la reparación integral de las víctimas y profundizar en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos.

Os pido y agradezco vuestras oraciones para que ningún seguidor de Jesucristo se deslice en su vida hacia el escándalo, el pecado o el delito.

Con mi bendición y afecto                                 

+Salvador Giménez, obispo de Lleida